Política Criminal Fallida

Política Criminal fallida en América Latina

En esta investigación nos iremos a un estudio más profundo de una política fallida, pero no solo a nivel de un país especifico sino de de todo un continente, el latinoamericano en donde hablaremos de CR, USA, Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, México, Perú y Uruguay.

Durante décadas el uso de Políticas de encarcelamiento masivo en respuesta a delitos relacionados con droga, han sido las “soluciones” según las autoridades en la materia, para disminuir el nivel de delincuencia y control del tráfico de las mismas. Sin embargo se han venido comprobando que no han sido suficientes para erradicar el problema y que por el contrario han venido a agravar y añadir otro tipo de situaciones y males con los que los Gobiernos actualmente están lidiando. El informe, titulado "Castigos irracionales: Leyes de drogas y encarcelamiento en América Latina" que fue elaborado por el Colectivo de Estudios de Drogas y Derecho (CEDD) , presenta los resultados de un estudio sobre las leyes de drogas y los sistemas penitenciarios en el continente que así lo demuestran.

Es por ello que en este escrito se pretende dar a conocer las múltiples crisis penitenciarias que se han venido a manifestar a causa de las Políticas de encarcelamiento y los efectos que estas tienen, no solo a nivel del individuo como tal sino del país que las acoja.

POLÍTICA DE ENCARCELAMIENTO MASIVO

Uno de los derechos más importantes del ser humano es la Libertad. Es por esto mismo que el poder que cada Estado tiene para privar de este derecho a cada individuo que comete un delito, debe de ejercerse de una forma equilibrada y proporcional como último recurso. Sin embargo, la cárcel desde entonces y hasta nuestros días se ha convertido la primer respuesta para una serie de males sociales incluyendo el consumo de drogas.

La mayoría de los gobiernos en América Latina han aceptado los efectos negativos de las políticas de drogas basadas esencialmente en respuestas de castigo.

Es de gran conocimiento que el consumo de drogas es una cuestión de salud pública, que el uso de campañas de prevención basadas en la evidencia son vitales así como la experimentación de modelos de regulación legal de ciertas drogas sin embargo se ha comprobado que las respuestas de los gobiernos latinoamericanos frente al consumo de sustancias ilícitas han sido y siguen siendo predominantemente punitivas represivas, por medio de instituciones penales y carcelarias.

Situación social y económica que enfrenta América Latina

Situación económica de América Latina:  Luego de la independencia se acelera el proceso de vinculación de América Latina al mercado mundial.

Situación Social:   Clases dominantes y clases marginadas.

Necesidad de implementar la política criminal

La declaración de “Guerra implacable contra las drogas y el narcotráfico” desplegada en las últimas décadas a causa del aumento insostenible de este cáncer que carcome Latinoamérica y el mundo entero, es la que le ha dado vida a ciertas leyes con las que se pretendía disminuir el avance vertiginosos de tales delitos.

La investigación fue elaborada por la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas. Entre los datos más salientes revela el alto consumo de alcohol en jóvenes de entre 13 y 17 años, el aumento del consumo de marihuana en este sector de la población y la "precocidad" en el consumo de éxtasis y sustancias inhalables.

Si observamos estadísticas el 16,5% de la población del continente americano dijo haber fumado marihuana el último año y el consumo creció en todos los territorios con excepción del Perú, mientras que Chile es el que cuenta con mayor consumo de esta droga, mostrando continuamente una tendencia que va en aumento. En Uruguay en el periodo 2003-2014, el uso de esta misma droga se duplicó del 8, 4% al 17%.

En el caso de USA hay una tendencia creciente en este mismo tema, pasando del 15% al 30% de consumo mas de marihuana en chicos que cursan el último año escolar en adelante. Otros países reflejan unicamente un 6% o menos en el consumo de esta droga alguna vez, como es el caso de México, Bolivia, Ecuador, Paraguay, Perú, Venezuela, y República Dominicana. Entre los países que se sitúan en el medio con el alrededor del 10% son Belice, El Salvador, Argentina, Brasil, Colombia y Surinam.

En cuanto a otras drogas, el uso de inhalables es particularmente alto en el Caribe. Entre los 12 países del Caribe 8 tiene prevalencia de uso superior a 5,9%, por encima de todos los demás en el continente, con la excepción de la República Dominicana.

Fracaso de la política criminal 

El informe, titulado "Castigos irracionales: Leyes de drogas y encarcelamiento en América Latina" revela que el continente americano es la región con la taza de encarcelamiento más alta del mundo, lo cuál es la causa de múltiples causas penitenciarias especialmente por la sobre población que estos centros presentan. Además del hacinamiento hay escasez de higiene y servicios básicos, así como la violencia extrema que viven los privados de libertad entre ellos mismos.

Es relevante en este caso destacar que el encarcelamiento por drogas es mucho mayor que el encarcelamiento por otros delitos.

¿Como se evidenció el fracaso de esta política criminal?

Según estudios recientes realizados por los especialistas en la materia, han llegado a las conclusiones de que las actuales leyes de drogas en el continente son las que han propiciado el aumento desmedido de la población penitenciaria. A dichas leyes se le han caracterizado por un uso prevalente de la herramienta penal para enfrentar la problemática de drogas y su actividad.

La criminalización de las drogas se ha expandido tanto como el número de artículos en los códigos penales, aumento y duración de las penas. El estudio además demuestra que no hay gran o ninguna diferencia entre delitos de drogas de menor, mediana o alta gravedad por los que todos llevan castigos semejantes. El uso exagerado de prisión preventiva como la sentencia mínima obligatoria ha sido otro de los agravantes en este caso en especial.

Los estudios del CEDD revelan que las políticas de drogas, así como las de “mano dura” son las que han contribuidos al aumento de la población carcelaria en Latinoamérica. Las prisiones se han convertido en nada mas y nada menos que en “incubadoras del crimen organizado”. Lamentablemente las actividades criminales no disminuyen sino que por el contrario se han vuelto en un lugar de refugio para pandillas y otros grupos criminales, producto claro esta de la corrupción y la debilidad de los sistemas judiciales y penitenciarios.

Hoy en día son un lugar de reclutamiento, organización y entrenamiento para grupos de delincuentes que maquinan sus fechorías. En México y Argentina muchos delincuentes menores salen con mayor conocimiento criminal y con mas probabilidad de reincidencia.

Otro problema evidente del hacinamiento producto de el uso masivo de las presiones como respuesta a delitos de drogas, es el casi imposible control que las autoridades pueden tener dentro de ellas, por lo que constantemente queda a cargo de los mismos grupos de criminales los cuáles siguen cometiendo actos delictivos como homicidios, venta de drogas, armas etc.

-Qué enmiendas o mejoras se realizaron a la política criminal fallida?
-Cuál nueva política criminal se acogió en suplencia de la política criminal anterior?
-Que aceptación tuvo la nueva política criminal, como fue recibida?

En respuesta ha estas y otras preguntas, podemos decir que aún no se han tomado sentencias alternativas a los delitos de drogas menores, el desequilibrio entre la seguridad ciudadana y el hacinamiento en las cárceles ha sido inefectivo y contraproducente.

Aún no se puede hablar en este aspecto de que existan políticas públicas bien diseñadas, correctamente implementadas y con criterios de evaluación claros. Las políticas de control de la oferta de drogas y el desarrollo de las políticas públicas de prevención del consumo en la población adolescente, que motiven a una mayor percepción del riesgo, la facilidad de acceso y la amplia oferta de drogas siguen siendo todo un desafió.

Conclusiones

Es vital entender que la privación de la libertad de las personas recluidas por drogas, las llega a estigmatizar y afectar tanto a ellas mismas como a sus familias .

Podemos subrayar además que personas que pertenecen a ciertos grupos étnicos o que sufren de alguna discriminación fuera de la cárcel, la llega a sufrir de igual o mayor forma dentro de la cárcel.

La cárcel por ejemplo tiene impactos desproporcionados y diferenciales sobre las mujeres. En la actualidad la población carcelaria femenina es inferior a la masculina, sin embargo esta creciendo a un ritmo alarmante, precisamente en los delitos por drogas. La mayoría de estas mujeres tienen características similares: baja escolaridad, son jefas de hogar o en condiciones de pobreza extrema.

El encarcelamiento de mujeres madres y cuidadoras en particular, tiene consecuencias devastadoras para sus familias.

Las mujeres extranjeras que sirven a redes criminales o personas como “correos humanos” , experimentan otra dificultad que es importante aquí resaltar y es que muchas veces no cuentan con el acceso a una defensa penal efectiva, el idioma se vuelve muchas veces “misión casi imposible”, el contacto con sus familias prácticamente nulo, y en países en donde la repatriación es permitida el trámite es engorroso y lento.

Como es de conocimiento amplio, la cárcel es la principal herramienta en el control de drogas en las naciones de América, sin embargo debería de ser el ultimo recurso que se utilice.

Todo esto lleva a analizar lo relevante que es realizar las reformas necesarias para implementar alternativas al encarcelamiento, para todas aquellas personas involucradas en conductas relacionadas con drogas a partir de un diagnostico adecuado, así se reducirá el hacinamiento carcelario y la reincidencia en la comisión del delito.

Para permitir un mejor uso de los recursos del Estado también sería optimo asegurarse en la medida de lo posible, el desvió de los casos antes de que entren al sistema penal.

Asegurar y ampliar la participación en la creación, implementación y evaluación de las políticas de drogas de la sociedad civil, así como de las y los usuarios de drogas encarcelados y encarceladas.

Cada país de América Latina debe de hacer un diagnostico profundo que permita entender y analizar los impactos y eficacia de las políticas de drogas actuales. Desarrollar políticas mas humanas, eficaces y justas debe ser el propósito esencial del estudio.

Buscar alternativas al encarcelamiento para ese gran número de personas encarceladas por delitos de drogas menores y no violentos, los cuales no deberían estar privados de su libertad.

Los adictos acusados de delitos menores podrían ser admitidos en programas de tratamiento de la drogadicción en lugar de ser encarcelados, como en el caso de un plan piloto que ya en Argentina se esta implementando. Para esto los jueces toman en cuenta ciertos requisitos con los cuales ellos deben cumplir y si estos no los cumplen entonces si podría ir de vuelta al sistema de justicia y enfrentar una pena de cárcel.

Este programa fue desarrollado como respuesta a los altos índices de adicción a las drogas entre los acusados de haber cometido delitos. La respuesta ha sido muy buena y se ha visto resultados muy positivos en el cumplimiento de los objetivos.

Además racionalizar el uso del derecho penal y de la cárcel en el marco de las políticas de drogas.

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